Por Rodrigo Hernández Fernández, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Maule.
Cuando ya hemos cumplido un poco más de dos meses al frente de la Seremi del Minvu Maule lo decimos con claridad y sin esconder nada: tenemos problemas que nos exigen trabajar con rigor, realismo y certezas, reunidos en torno al más amplio diálogo social.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconoce que estamos viviendo una emergencia habitacional y una creciente crisis de movilidad urbana.
Estamos enfrentando una situación crítica, de extrema gravedad, que no se presentaba desde 1996 y además con serios problemas de financiamiento, considerando que recibimos de la administración anterior el menor presupuesto desde que se recuperó la democracia en el país.
Teniendo en consideración la Casen y la encuesta nacional de campamentos el déficit a nivel nacional alcanza las 600 mil familias sin acceso a la vivienda. La Región del Maule, representa el 4,9% del total nacional, que según proyecciones es de 27 mil familias. Así las cosas el plan de emergencia habitacional diseñado para el Maule nos convoca a aportar alrededor de 16 mil nuevas viviendas con un promedio de 4 mil nuevos hogares por año, lo que se traduce en alcanzar el mejor rendimiento acá en el Maule de los últimos 25 años.
Sin duda estamos en presencia de una tarea muy compleja, pero tenemos la certeza y convicción de que con sentido de responsabilidad, urgencia, gestión integral y conocimiento la vamos a sacar adelante.
¿Qué hemos hecho y qué haremos?… Hemos realizado muchas conversaciones con un centenar de dirigentas y dirigentes de la sociedad civil, reuniones de trabajo con la gobernadora regional y sus equipos, con la delegación presidencial regional, con alcaldes, con representantes del gremio de la construcción, con otras instituciones del gabinete regional… Lograr la meta nos exige gestión, trabajo colaborativo y creatividad, potenciando el diálogo, la unificación y vinculación, entre las entidades públicas que en los últimos años han conversado poco entre sí.
Lo importante es que ya tenemos algunas definiciones. Actualmente estamos enfocando el trabajo en distintas etapas, la principal es el rescate de bienes fiscales y públicos en general, para la consolidación del banco de suelo público. De hecho, se trata de facultades que nos fueron otorgadas a través de la nueva ley de Integración Social urbana, y que nos corresponde ejercer desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La glosa presupuestaria nos permite tener acceso al suelo privado adquiriendo terrenos en zonas céntricas y bien ubicados y conectados a servicios. Hay que acogerse a todas las facultades que nos otorga la ley, entre las que también podemos recibir terrenos y facilitar el cambio de uso dejándolos en condiciones para concretar soluciones habitacionales.
También es de una alta relevancia “rayar la cancha” por la cual nos moveremos para ejecutar la estrategia. Hace algunos días me tocó, junto a los equipos, ser el primer seremi en presentar a nivel nacional al Ministro Carlos Montes y a la Subsecretaria Tatiana Rojas del Plan de Gestión e Inversión Regional para el año 2023. Nunca en los últimos 8 años la autoridad regional había asumido este rol, pero lo hicimos por la importancia que tiene el tema. ¿Y qué hicimos?… A tan sólo 2 meses de asumir el cargo, inmediatamente solicitamos un incremento del 31 por ciento, considerando los últimos tres años sólo en vivienda y un 60 por ciento de aumento en equipamiento.
Además vamos a aplicar una estrategia en la línea del programa DS 49 que conlleva una dimensión creativa que no se ha hecho al menos en los últimos 4 años. La materialización de los Planes Urbanos Habitacionales, PUH, que en el caso de Talca apuntan al Parque Cornelio Baeza y de barrio sustentable en los actuales terrenos del Regimiento donde hay cabida casi 2 mil 800 nuevas viviendas.
A ello se sumó la necesidad de desarrollar un Consejo Regional de Desarrollo Urbano, en el que participen distintos organismos públicos, universidades, representantes de la sociedad civil, y expertos, quienes exponen la disponibilidad real de suelos. Somos una de las regiones que no tiene Consejo, debiendo tenerlo, pasamos varios años sin hacer algo por esa clase de articulación y hoy estamos dándolo todo para armarlo, debiendo ser una realidad en un corto plazo. Se requiere de una instancia capaz de articular, ordenar los temas, armar un catálogo de suelos y trasladar la discusión que nace desde la ley de integración social al interior del consejo de desarrollo urbano.
Como se pueden imaginar las tareas son enormes, por tanto si las enfrentamos por separado parecieran imposibles de lograr. Tenemos la certeza de que la participación ciudadana hace más eficiente la gestión pública. Queremos alcanzar una política inclusiva capaz de articular el aporte de las autoridades, la comunidad, dirigentes, equipos técnicos, profesionales y empresarios de la construcción. No queremos escuchar más que alcanzar la vivienda es un sueño hecho realidad, sino que más bien cumplir un derecho social como lo impulsa el gobierno del Presidente Boric.
