Recientemente se aprobó en la Convención Constitucional, la creación de los denominados “Tribunales Vecinales”, los que estarían destinados a transformarse en la respuesta a la problemática ya descrita y pasando a ser, muy probablemente, la puerta o primer peldaño para la entrada al sistema de justicia.
Por Mirko Bonacic-Doric León
Juez de Policía Local de Vichuquén
Presidente Jueces de Policía Local del Maule
Independientemente del resultado final que tenga el proceso constituyente, a estas alturas, de los diferentes diagnósticos podemos decir casi con plena certeza que, entre las necesidades públicas con las que el Estado está al debe, se encuentra la de ofrecer y/o disponer de un modelo moderno, eficiente y eficaz de atención preliminar o inicial de justicia y de tratamiento de las malamente denominadas pequeñas causas.Un modelo que resuelva o encause aquellos asuntos que, siendo de gran importancia para los involucrados, son pocas veces conocidos por los tribunales debido a distintos motivos, entre los que podemos encontrar la lejanía de los centros urbanos, por tratarse de conflictos vecinales de “menor” envergadura que no atraen el interés de letrados o porque no afectan gravemente el interés pública.
A lo anterior se suma la particularidad de que muchas veces se inician por denuncias o demandas que no terminan en sentencia ni avenimientos, ya que tales causas son abandonadas durante su tramitación justamente por no contar con apoyo letrado, lo que representa en un costo inútil para los usuarios y para el Estado, transformándose así en un lastre administrativo para el sistema.
Recientemente se aprobó en la Convención Constitucional, la creación de los denominados “Tribunales Vecinales”, los que estarían destinados a transformarse en la respuesta a la problemática ya descrita y pasando a ser, muy probablemente, la puerta o primer peldaño para la entrada al sistema de justicia.
Es importante señalar, que la Convención ha aprobado también la incorporación expresa del derecho de acceso a la justicia en el proyecto de carta fundamental que se someterá a votación, situación novedosa en cuanto a los derechos fundamentales pues, hasta ahora, nuestros textos constitucionales nada han dicho al respecto, limitándose a las garantías establecidas, en especial en los numerales 2 y 3 del artículo 19º de nuestra Carta Fundamental.
Dicho lo anterior, tendríamos en esta línea, dos propuestas novedosas e importantes: El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la justicia y la creación de los Tribunales Vecinales.
Surgen entonces al menos dos preguntas: ¿Cómo se hará efectivo en la práctica el derecho de acceso a la justicia? Y ¿Cuál será la oferta de Tribunales Vecinales en el país, en el entendido que efectivamente sean la puerta de entrada al sistema?
Aventurando una respuesta a lo anterior, podríamos decir que, para que sea efectivo en la práctica el ejercicio del derecho de acceso a la justicia se requerirá de una oferta importante de “servicios de justicia” a lo largo y ancho del territorio. Crear esta oferta desde cero requeriría un esfuerzo económico e institucional altísimo en una situación nacional e internacional que, como es de público conocimiento, parece a lo menos poco auspiciosa para la realización de grandes inversiones, por lo que entendemos sería prudente que el Estado, como en casi todas las reformas anteriores, recurra a los valiosos activos con los que hoy cuenta.
Así las cosas, surge entonces otra pregunta: ¿Cuáles son estos recursos a los que podría “echar mano” el Estado para los fines ya señalados? En parte la respuesta se articula desde las propias necesidades de una iniciativa de tamaña envergadura. Sin duda necesitará un amplio despliegue territorial, idealmente aprovechando la capacidad instalada y que exista un conocimiento de la problemática territorial a nivel local, todas características naturales de los Juzgados de Policía Local, que los nuevos organismos vendrían a reemplazar.
Lamentablemente, también es un hecho indesmentible, el abandono que sufren la mayoría de los Juzgados de Policía Local por parte del Estado y sus políticas públicas, situación que los ha ido dejando en una posición un tanto anómala en tanto depositarios de una multiplicidad de competencias, sin una correlación lógica entre sí, sin procedimientos claros y modernos exponiendo así a las personas que deben recurrir ante ellos a procedimientos anacrónicos sin uniformidad ni tecnología como el resto de los Tribunales. No cuenta su personal (incluido el Juez/a) con capacitación ni formación continua en las materias propias de sus funciones por parte de la Academia Judicial, ni de otros organismos, entre otras carencias, lo que los ha llevado a que se les denomine “los parientes pobres” del Poder Judicial, aunque en la práctica no lo integren y a que, en otros sectores, sean vistos como meras “cajas recaudadoras” de los municipios.
En conocimiento de lo anterior, hay un número importante de Jueces de Policía Local, Secretarios(as) y funcionarios(as), con mayor presencia en regiones, que, entendiendo la importancia de esta justicia desde el punto de vista del acceso a la misma, y al ser muchas veces el único servicio judicial en la comuna, que venimos avanzando desde hace años en propuestas concretas con el ánimo de modernizar el servicio, teniendo siempre el foco en las personas.
Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes: En el año 2016 concurrimos a la Unidad de Justicia Vecinal de Renca (última en funcionamiento) con la finalidad de entender su funcionamiento y replicarla en un plan piloto en la región del Maule. Dicho proyecto contó en principio con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que se materializó en el año 2017 con la firma de convenios entre dicho Ministerio y los alcaldes de distintas comunas de la Región del Maule, lo que se replicó posteriormente en la Región de O’Higgins.
En síntesis, dicho convenio consistía en traspasar el conocimiento adquirido a través del programa piloto de las Unidades de Justicia Vecinal que funcionaron en la Región Metropolitana para instalarlas, a cargo de un mediador(a), en los Juzgados de Policía Local, que están presentes en las 30 comunas de la en la Región del Maule, con la finalidad de que las personas, especialmente en aquellas zonas rurales, tuviesen una instancia de solución alternativa al conflicto vecinal, cambiando el foco de justicia sancionadora a una colaborativa y restaurativa.
Otro importante proyecto, es que, ante la ausencia de capacitación formal por parte del Estado, en el año 2018 firmamos un convenio con la Facultad de Derecho de la U. de Chile, que permitiera que dicha casa de estudios capacitara a todos los funcionarios(as) incluido el Juez(a), mediante cursos que se llevaron a cabo en los meses de junio, julio y septiembre de 2019, los que sirvieron de puntapié inicial para que la Facultad de Derecho ofreciera en el año 2020 un Diploma de Postítulo en Acceso a la Justicia y Argumentación Jurídica. Cabe hacer presente que hasta el día de hoy los lazos son estrechos con dicha Casa de Estudios con la que se han realizado otras actividades tales como seminarios y conversatorios.
Ante la ausencia de sistemas electrónicos, presentamos en el año 2017 ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un proyecto que nos permitiera poder notificar electrónicamente las resoluciones, respecto del cual participamos en toda la discusión parlamentaria, lo que fue reconocido por los Diputados y Senadores en el hemiciclo y que hoy es la Ley 21.241.
Con los ejemplos anteriores queda de manifiesto el hecho de que existe un número importante de Jueces, Secretarios(as) y funcionarios(as) que estamos hace más de 5 años, tratando de mejorar el servicio de la Justicia local y que estamos en sintonía con la propuesta de la comisión de sistemas de justicia de la Convención Constitucional, en cuanto a la creación de los Tribunales Vecinales. Es más, participamos activamente en su discusión realizando la debida exposición.
La Convención Constitucional, está discutiendo también una propuesta que suprime a los Juzgados de Policía Local para dar paso a los Tribunales Vecinales, creemos que no sería prudente pensar que éstos últimos debieran partir desde cero, no solamente por el principio de austeridad, sino que además, porque que se debería aprovechar el despliegue territorial, capacidad instalada y conocimiento de la problemática comunal de los Juzgados de Policía Local, los que, sin duda, sin dependencia de los municipios, con capacitación y formación continua y en un régimen único de justicia, habrían funcionado mejor.
