La medida trasladó a nueve internos desde distintos recintos penitenciarios hasta La Laguna, incluidos imputados y condenados por graves delitos.
La Operación Cancerbero concretó el traslado de nueve internos hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, como parte de una estrategia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para reforzar el control sobre personas consideradas de alto perfil dentro del sistema penitenciario.
La nómina incluye a imputados, investigados y condenados por delitos como homicidio, secuestro, narcotráfico, extorsión y asociación criminal. Los antecedentes oficiales también consignan presuntos vínculos con estructuras como el Tren de Aragua, Los Pulpos y Los Espartanos, además de otras organizaciones transnacionales.
Entre los trasladados figura WGR, ciudadano peruano procedente de Santiago Uno, quien enfrenta cargos por homicidio, porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de armas. La minuta ministerial señala que “pertenecería a la organización criminal Los Pulpos”, grupo investigado por extorsiones contra comerciantes y empresarios.
También llegó a Talca JARM, ciudadano venezolano trasladado desde Santiago Uno e investigado por tráfico de drogas, asociación ilícita y extorsión. Su nombre apareció en una investigación de la PDI que terminó con la detención de 28 ciudadanos venezolanos por presuntos nexos con la facción Loyalty del Tren de Aragua.
Otro de los internos es LECG, ciudadano colombiano proveniente del CDP Puente Alto, investigado por su presunta participación en una red dedicada al narcotráfico. La PDI lo detuvo durante una investigación desarrollada en el Persa Biobío contra la organización transnacional Los Espartanos, vinculada a delitos como sicariato y tráfico de drogas.
La nómina también incluye a CECA, ciudadano venezolano trasladado desde Santiago Uno e imputado por homicidio calificado y porte de arma prohibida. La investigación además apunta a su presunta pertenencia a Los Cartier, facción asociada al Tren de Aragua.
En el caso de JCG, también venezolano y proveniente de Santiago Uno, enfrenta una imputación por homicidio y una investigación por su eventual pertenencia a Los Cartier. Según los antecedentes oficiales, esta estructura estaría vinculada con extorsiones, trata de personas, tráfico de armas y homicidios.
Otro de los casos corresponde a JJHM, ciudadano venezolano trasladado desde Santiago Uno e investigado por el secuestro de una niña de siete años, ocurrido en marzo de 2025 en Conchalí. La investigación lo vincula presuntamente con Los Mapaches, célula relacionada con el Tren de Aragua.
Por su parte, VG, ciudadano de Países Bajos proveniente de REPAS, es uno de los internos condenados incluidos en la operación. Cumple una sentencia por tráfico ilícito de drogas y asociación criminal transnacional, luego de ser detenido en 2023 durante una investigación contra la denominada Mafia Albanesa.
La lista continúa con JKS, ciudadano colombiano trasladado desde Santiago Uno e imputado por secuestro, asociación ilícita para cometer crímenes y usurpación con daños. Las pesquisas también analizan su eventual relación con distintas organizaciones criminales.
Finalmente, JEPA es el único ciudadano chileno incluido en la nómina. Trasladado desde Colina Dos, enfrenta una imputación por homicidio. El documento ministerial sostiene que sería colaborador cercano del fallecido narcotraficante Vladimir Soto Rubillanca y que “ocupa una posición de liderazgo al interior del penal”.
El traslado forma parte de una operación que busca separar a internos considerados líderes o articuladores del crimen organizado y reducir su capacidad de influencia dentro de los recintos penitenciarios.
Cabe precisar que los antecedentes corresponden a las situaciones procesales consignadas por el Ministerio de Justicia. En los casos de personas imputadas o investigadas, dichas acusaciones no constituyen condenas, por lo que la responsabilidad penal deberá establecerla la justicia mediante los procedimientos correspondientes.
